Política de igualdad y equidad

Contexto

El mundo del trabajo se puede caracterizar en este momento como extremadamente conflictivo, con un avance tecnológico que impulsa la reconfiguración productiva acelerada. Existe un mercado de trabajo crecientemente violento, donde predominan la desregulación, la flexibilización laboral, la informalidad y los salarios bajos: en general, un contexto de pauperización del empleo, sin acceso a la seguridad social, donde las brechas laborales de género se incrementan.

El análisis del mercado laboral desde una perspectiva de justicia género nos permite identificar las brechas que las mujeres experimentan en el mundo del trabajo: brecha de empleo, de salario, de condiciones laborales, de jornada laboral, de beneficios contractuales. Las mujeres se encuentran ubicadas en la base de la pirámide, en el trabajo informal, sin acceso a derechos laborales, sin posibilidad de sindicalización.

La crisis sanitaria y el aislamiento social ocasionado por la pandemia del COVID-19, no solo puso en mayor riesgo la vida y el acceso a derechos, sino también evidenció una crisis estructural de carácter político, económico, ambiental y de cuidados, que ha superado con creces otros momentos de depresión que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. La crisis que vivimos hoy la podemos considerar humanitaria y civilizatoria, porque pone en cuestionamiento las relaciones capitalistas de producción y consumo.

En el campo laboral ecuatoriano, la pandemia sirvió de pretexto para implementar medidas de flexibilidad laboral. En junio de 2021, con la iniciativa del gobierno de Lenin Moreno, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH), única medida tomada por el gobierno para gestionar la crisis de producción y consumo. Esta ley fue presentada por empresarios como solución para proteger el empleo. Dicha norma asegura que las y los trabajadores asuman integralmente los efectos de la crisis, protegiendo a las empresas y sus ganancias. La LOAH habilita el despido, reduce la jornada laboral —por lo tanto, el salario— y alarga la jornada laboral de ocho a doce horas. Además, como el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, lo ha mencionado, hasta el momento se ha despedido alrededor de un millón y medio de trabajadoras y trabajadores.

Esta crisis, aunque afectó a toda la sociedad, ha tenido impacto diferenciado en los sectores más vulnerables: trabajadores y trabajadoras del cuidado; campesinos, diversidades étnicas y sexo genéricas y las mujeres particularmente, por las relaciones patriarcales se encuentran en una situación de secundaridad social enfrentando enormes brechas, que se han exacerbado con la pandemia del COVID-19: Así se muestra en:

– Incremento de la brecha de género en el empleo decente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe anual 2021, indica que la pandemia de COVID-19 ha hecho que las mujeres experimenten un retroceso inédito en lo que respecta a la autonomía económica, que se refleja en aumentos de la pobreza de tiempo y monetaria, en la sobrecarga de cuidados y en una injusta distribución del poder (Cepal, 2021).
– Maltrato y desinterés estatal con trabajadores de áreas vitales como salud y educación frente a la pandemia, pero también con trabajadores agrícolas que nos dieron alimentos en estos años.
– Sobre las mujeres recae desproporcionadamente el trabajo no remunerado y sobrecarga del trabajo de cuidado. En momentos de pandemia, las casas se convirtieron en centros de trabajo, hospitales, escuelas, guarderías. Todo este trabajo de cuidado de la vida de los miembros de la familia se sostuvo en las mujeres.
– Disminución de los niveles de escolaridad y baja del nivel de la educación, sobre todo la pública, que sirve a los más pobres.
– Violencia machista, aislamiento social obligado por la pandemia, confinamiento a mujeres y niñas y niños a vivir situación de violencias: física, psicológica, sexual.
– Incremento del femicidio: 2022 se registra como el año con mayor número de femicidios.
Este escenario adverso en el que diariamente se deterioran las condiciones de vida y trabajo resulta obligatorio colocar la importancia de la organización sindical para asegurar el mejoramiento de las condiciones de las y los trabajadores.

Justicia de género para fortalecer la CEOSL

Una mirada atenta a la actoría del movimiento de mujeres y a su capacidad de movilización y convocatoria que se ha forjado en distintos momentos de la historia, actualmente en emergencia, nos hace pensar que la construcción de poder está en las relaciones de sororidad, hermandad y de cuidado. Estas pueden constituirse como alternativas que posibiliten gestar y parir un sindicalismo articulado a las luchas que se dan en todos los escenarios: en el cuerpo, en el ámbito doméstico y en el escenario público: la construcción de poder alternativo se juega desde la cotidianidad en todos los espacios privados y públicos, por ello es necesario:

– Identificar que las organizaciones sindicales tienen un rol central en la lucha por la justicia social y la profundización de la democracia. En ese desafío, la incorporación de la perspectiva de la justicia de género en los programas y las acciones sindicales es una tarea central para nuestra Confederación

– Que la construcción de la igualdad y la equidad entre hombres, mujeres y diversidades sexo genéricas militantes sindicalistas es una necesidad estratégica, de ello depende el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la consolidación de la fuerza para la incidencia;

– Es imperativo situar a la organización sindical como un espacio estratégico para el mejoramiento de las condiciones de las y los trabajadores con su fuerza colectiva y sus vínculos de solidaridad. La paridad en la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales es una cuestión de justicia que no solo beneficia a las mujeres, sino que enriquece y potencia la lucha sindical.

– La organización sindical a su vez requiere adecuar su estructura y prácticas para asegurar constituirse como referente y representante de trabajadores hombres, mujeres y diversidades.
Es urgente diversificar la respuesta sindical de la CEOSL hacia colectivos específicos, particularmente asegurar la inclusión de mujeres en toda la esfera de nuestra Confederación. Asimismo, se debe conseguir la generalización de reivindicaciones que motiven la afiliación sindical: violencia y acoso laboral; reivindicaciones para el trabajo de cuidado; redistribución de las tareas de cuidado; eliminación de las brechas laborales y salariales entre hombres y mujeres.

La CEOSL en su XXI Congreso Ordinario resuelve:

Implementar una política de igualdad y equidad, hacia la construcción de la justicia laboral de género, que deberá ser ejecutada por los organismos de decisión de CEOSL en el periodo 2023 – 2025 que asegure:

1. Levantar una línea base que identifique donde se encuentran laborando las mujeres, jóvenes y disidencias: sectores laborales; condiciones de trabajo; necesidades de organización;
2. Desarrollar una campaña de afiliación de mujeres, jóvenes y disidencias;
3. Fortalecer el Frente Nacional de la Mujer Trabajadora como un espacio con pleno derecho, autonomía y representación de las mujeres afiliadas a la CEOSL;
4. Representación sindical de las mujeres en todas las instancias de dirección de la Confederación;
5. Iniciar el debate hacia la paridad en las instancias de decisión de la CEOSL.
6. Transversalización de la concepción y práctica de género en toda la acción de la Confederación;
7. Implementar de programas de acción positiva que contribuyan a elevar la participación, la conciencia y el conocimiento de las mujeres y las diversidades sexo genéricas del mundo sindical;
8. Fortalecer las alianzas y articular acciones con el movimiento de mujeres del Ecuador; y,
9. Reconocer que la construcción de justicia de género en el mundo del trabajo es una tarea central de los sindicatos, por lo tanto, la CEOSL asume como prioridad la lucha por condiciones equitativa en ese escenario, abordando los siguientes ejes:

• Políticas que aseguren la valoración social del trabajo de cuidado
• Salario justo y equitativo, implementación del Convenio 100 de OIT
• Eliminación de las brechas de género en el mundo del trabajo: salarial, de acceso al trabajo; de condiciones laborales; de jornadas de trabajo.
• Políticas que busquen la redistribución del trabajo reproductivo
• Calidad del empleo: Estabilidad laboral, estatus contractual, acceso al seguro social, jornada laboral.
• Trabajo libre de violencia, implementación del Convenio 190 de OIT
• Acceso a Libertad Sindical
• Acceso a derechos sexuales y derechos reproductivos en el mundo del trabajo.

12 de noviembre de 2022