La CEOSL, expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la reciente resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el 22 de enero de 2025. Dicha resolución declara improcedente el pago de la bonificación por desahucio a los servidores públicos que opten por el retiro voluntario para acogerse a la jubilación.
Consideramos que esta decisión constituye una regresión en los derechos laborales adquiridos por las y los trabajadores del sector público protegidos por el Código de Trabajo. La bonificación por desahucio ha sido históricamente un reconocimiento al servicio y dedicación de los trabajadores que, tras años de labor, deciden culminar su relación laboral para disfrutar de una merecida jubilación.
La eliminación de la bonificación por desahucio no es solo un golpe al bolsillo de miles de familias trabajadoras, sino un intento de precarizar aún más el empleo en el sector público, debilitando las condiciones de retiro digno para quienes han entregado su vida al servicio del país.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que reconsideren esta resolución y se restablezcan los derechos laborales que garantizan una jubilación digna y justa para todos los trabajadores ecuatorianos. Asimismo, instamos a las organizaciones sindicales y a la sociedad civil a unirse en defensa de los derechos laborales y a manifestar su oposición a decisiones que vulneren el bienestar de nuestros trabajadores.